Uno, que es desconfiado de naturaleza, no puede dejar de preguntarse a qué viene tanta premura y conecta la radio para escuchar los debates parlamentarios (nunca lo hago, pero esta vez estaba de vacaciones). Y uno se sorprende al oír al socialista José Antonio Alonso y a la popular Soraya Sáenz de Santamaría decir, casi al unísono, que la reforma es necesaria para restablecer la confianza en la economía española. Con ese objetivo, artículo 135 pretende impedir a los diferentes gobiernos de España (el central, los autonómicos y los ayuntamientos) mantener déficits estructurales. Es decir, se les prohíbe que de manera sistemática y patológica, gasten más de lo que ingresan.

Lo curioso del caso (y, de hecho, lo que me hace dudar de la sinceridad de sus intenciones) es que la disposición adicional al mismo artículo que proponen reformar dice, literalmente: “los límites de déficit establecidos en el artículo 135.2 de la constitución entrarán en vigor a partir de 2020”. ¡A partir del 2020! !Es decir, nos están diciendo que restablecerán la confianza hoy, con una reforma que entrará en vigor dentro de 9 años! ¿De verdad piensan que nos creemos que el motivo es “restablecer la confianza”? ¿No será más bien, que han recibido alguna llamada inconfesable de alguna autoridad de verdad?¿O quizá aprovechan la urgencia de la situación para recentralizar el poder en España? Sea lo que sea, estaría bien que, de una vez por todas, fueran honestos con los electores y nos dijeran la verdad.

Dejando de lado los motivos, la verdad es que parece razonable prohibir que nuestros líderes políticos se endeuden constantemente pensando que ya vendrá otro a pagar sus deudas. Sólo la extrema izquierda (con el Chupacabras al frente) son suficientemente irresponsables como para gastarse el dinero de sus hijos en beneficio propio. Por lo tanto, es bueno que haya algún tipo de regulación que impida al gobierno gastar de manera enfermiza el dinero que no tiene.

Dicho esto, también es profundamente irresponsable exigir el déficit cero en todo momento porque, en momentos de recesión, eso no haría más que empeorar la situación. Es decir, cuando empieza una crisis la recaudación cae y el gasto en subsidio de paro sube automáticamente. Obligar al gobierno a cuadrar los números bajo esas circunstancias le forzaría a reducir el gasto o a subir impuestos y ambas cosas agravarían la recesión. A modo de ejemplo, al empezar la crisis de 2008, la recaudación fiscal de España cayó, en números redondos, unos 50.000 millones de euros. El gasto aumentó de manera automática otros 20.000 millones. Si hubiera habido una ley que prohibiera mantener déficit el gobierno hubiera tenido que recortar el gasto en 70.000 millones lo que hubiera provocado una caída adicional del PIB de un 7%. Es decir, el PIB de 2009 no hubiera caído, como cayó, un 3,9% sino un 10%. Claramente obligar al gobierno a mantener el equilibrio presupuestario en épocas de crisis es una mala idea. Y eso nuestros políticos lo saben. Por eso proponen que la sección 4 del artículo 135 permita mantener déficits fiscales en caso de recesión.

Hasta aquí todo parece muy correcto. El problema es el de ejecución. En momento de crisis, ¿cuan grande se permitirá que sea el déficit fiscal? ¿2% del PIB, 7%, 15% o se le permitirá escoger el nivel de déficit según la gravedad de la situación? Es más, ¿quién va a obligar al gobierno a cumplir la ley? Y es que los desconfiados como yo recordamos que antes de la crisis, España formaba parte del pacto de estabilidad europeo (aprobado por el mismísimo Consejo de Europa) a través del cual todos los países del euro se comprometían a mantener déficits inferiores al 2% del PIB, aunque ese número era flexible en épocas de crisis. ¡Muy parecido a lo que ahora se propone en la constitución! El problema es que, cuando vino la crisis, todos los países se saltaron el pacto a la torera y generaron esos déficits extravagantes que nos han llevado a la situación actual. Ninguna autoridad ha sido capaz de evitar el endeudamiento catastrófico del estado en época de crisis.

La pregunta es: ¿habría alguna manera de garantizar que el gobierno tiene recursos suficientes durante las crisis sin tener que endeudarse excesivamente? La respuesta es que sí. Se debería a obligar al estado a hacer lo que le pedimos a las familias responsables: que ahorren en tiempos de bonanza y construyan un colchón financiero que les permita gastar en tiempos de recesión. Es decir, el nuevo artículo 135 de la constitución debería contener una cláusula que obligara al gobierno a mantener superávits fiscales cuando las tasas de crecimiento sean positivas y construir un fondo soberano que pueda ser utilizado durante la próxima crisis. El gobierno podría quedar liberado de esa obligación cuando el fondo llegara a niveles de, por ejemplo, el 20% del PIB.

De este modo, cuando llegara la crisis, el gobierno podría utilizar ese colchón financiero para no verse obligado a recortar gasto o aumentar impuestos en medio de la recesión ni a endeudarse hasta límites que pusieran en peligro la recuperación. Incluso podría llamarse el colchón constitucional.>>